Demandas laborales hacen cortocircuito en la CFE

Datos del reporte anual de la empresa indican que en 2025 se sumaron 20 mil 36 casos, el doble que los registrados un año antes; expertos ven necesario atender las causas que originan las demandas de trabajadores.

Los nuevos juicios laborales presentados en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se duplicaron en 2025, de acuerdo con su reporte anual correspondiente a ese año.
La empresa registró el año pasado 20 mil 36 nuevos procesos, mientras que en 2024 se generaron 9 mil 944 y apenas 2 mil 206 en 2023, lo que expertos señalan que se debe a una mayor hostilidad de trabajadores contra la empresa.
Ante eso, la CFE reconoce la situación como pasivo denominado reserva por desmantelamiento, a la cual destinó 14 mil 478 millones de pesos el año pasado.
“La empresa está involucrada en varios juicios y reclamaciones significativos, derivados del curso normal de sus operaciones, cuyas resoluciones se consideran probables e implicarán el incurrir en la salida de efectivo. Por lo anterior, se han reconocido algunas provisiones en los estados financieros, representando el mejor estimado de los potenciales pagos”, dijo en el reporte.
Los registros específicos de juicios laborales comenzaron a incluirse desde 2024, a los que se suman las controversias mayores que son atendidas por el abogado general de CFE.
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, señaló que la situación quiere decir que la CFE recibió en promedio 55 nuevas demandas cada día de 2025, casi más de dos juicios por hora.
Los principales conflictos suelen estar relacionados con despidos, pensiones, jubilaciones, riesgos de trabajo, incapacidades y prestaciones laborales, agregó.
“El aumento ya tiene impacto financiero. La CFE reconoció una reserva de 14 mil 478 millones de pesos para atender contingencias derivadas de litigios, la cifra más alta reportada hasta ahora. Más que jurídico, reflejan una presión creciente sobre empresas públicas mexicanas”, recalcó.
Lo que ocurre en la CFE también comienza a observarse en otras instituciones públicas, incluyendo a Pemex y organismos de salud, mencionó Díaz Ibarra.