La gobernadora indígena del Estado de México, Vicenta Sánchez Valdés, exigió en representación de los pueblos originarios del estado, mazahua, otomí, matlatzinca y tlahuica, condiciones dignas de vida y una verdadera inclusión de las comunidades indígenas en las políticas públicas estatales.
En entrevista, Sánchez Valdés, destacó que entre sus principales demandas está la necesidad de intérpretes en hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales y cárceles, donde muchas personas indígenas enfrentan discriminación y barreras de comunicación por no hablar español.
Evidenció que, en muchas ocasiones, los hombres y mujeres indígenas detenidos o procesados penalmente no pueden defenderse, ya que no comprenden el idioma español y carecen de acompañamiento legal en su lengua, lo mismo sucede en hospitales y clínicas, donde pacientes indígenas no entienden indicaciones médicas ni los procedimientos a los que son sometidos.
‘Hay gente indígena que no sabe hablar español y no le entiende. ¿Con qué se defienden? Necesitamos apoyo. Lo que estamos pidiendo es un intérprete, en salud, educación y también en las cárceles’, sostuvo.
También denunció las condiciones precarias de vivienda en comunidades del norte del estado, como San José del Rincón, Atlacomulco, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, donde hay familias que siguen habitando viviendas hechas de materiales endebles y no pueden mejorarlas porque no cuentan con títulos de propiedad.
‘A mucha gente no le dejan talar en el monte, y no tienen ni láminas para tapar sus casitas. Quieren una casa digna. Hay quienes heredan a sus hijos, pero si no tienen un título a su nombre, no pueden acceder a los programas de apoyo. Ya nos dijeron que están las oficinas, pero necesitamos que realmente nos ayuden’, explicó. En ese sentido, hizo un llamado a que las autoridades, tanto estatales como federales, acudan directamente a las comunidades a verificar necesidades reales, y dejen de depender únicamente de trámites burocráticos.
