Abogados del ex gobernador César Duarte Jáquez respondieron a la denuncia por presunto acaparamiento de agua ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y explicaron que el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua, tiene permisos para retener hasta 700 mil metros cúbicos anuales del río Agujas, los cuales datan del año 1942.
Además, informaron que El Saucito se encuentra en aseguramiento por parte de la Fiscalía estatal y de la propia Fiscalía federal, desde el año 2017, por lo que no hay aprovechamiento del recurso hídrico a favor de César Duarte.
Las denuncias señalan actos ilícitos como el posible uso ilegal de bienes nacionales y maltrato animal, de los que tuvo conocimiento la Comisión Nacional del Agua en una diligencia realizada el pasado 27 de mayo, cuando inició con la demolición de una presa y cinco represas ilegales que hay en el rancho, pero los trabajos se detuvieron por un amparo que tramitaron supuestos ejidatarios.
Según los abogados del despacho Villasana, los embalses están en un área federal del cauce del río Agujas dentro del predio El Saucito, estos aprovechamientos cuentan con permiso de 1942, otorgado por la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento Federal a favor de Cresenciano Duarte Tarín, padre de César Duarte.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que el ex gobernador panista y ahora senador de Morena, Javier Corral, quiere “crear una falsa apreciación de la verdad respecto al rancho El Saucito, incluidas las altas autoridades federales, porque César Duarte no cuenta con la posesión del rancho desde el año 2017, mucho menos con el aprovechamiento y acaparamiento de agua”.
“Los embalses se han explotado legalmente desde el año 1942, además, la infraestructura existente de ninguna manera desvía ni impide el flujo de la corriente, ni el cauce natural del río Agujas, lo cual se demostró mediante peritaje oficial ante Conagua”.
“Javier Corral y su fiscal César Peniche, tenían conocimiento de dichos cuerpos de agua, sin que hubieran ejercitado acción legal, lo que genera suspicacia del por qué hasta este momento sale a la luz el tema como novedoso”.
“La Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República son, en todo caso, las que deberán responder de las acciones que han realizado en el predio El Saucito durante estos años”.
Los abogados de Duarte también rechazaron haber promovido el amparo para detener la demolición, asegurando que el juicio se presentó por beneficiarios indirectos, “estos embalses se utilizan diariamente por las comunidades indígenas de la zona, para el uso ganadero e incluso para mitigar incendios forestales, así como para preservar la fauna y flora”.
