El Estado de México podría convertirse en la próxima entidad en tipificar la violencia vicaria, aquella que se ejerce contra mujeres a través de sus hijos o seres queridos, con penas de 3 a 8 años de prisión, pérdida de patria potestad y reparación del daño.
Actualmente, la entidad concentra 24.2 por ciento de los casos nacionales de violencia familiar, según datos de la Secretaría de Salud, y es la primera en número de menores atendidos por maltrato.
Durante su discusión en comisiones, los diputados locales de Morena, PAN, PRD y Partido Verde presentaron cuatro iniciativas para reformar los códigos Penal y Civil, ya que este delito no está explicitado en las leyes estatales y las propuestas coinciden en que la violencia vicaria debe ser reconocida como un crimen de género y como maltrato infantil, pues los menores son usados como instrumentos para dañar a las madres.
La propuesta de Morena busca tipificar el delito en un nuevo capítulo del Código Penal, con 3 a 7 años de cárcel, que incluirla como causal de pérdida de patria potestad en el Código Civil. Destaca que, aunque el 90 por ciento de las víctimas son mujeres, también hay casos donde hombres son afectados.
La iniciativa, presentada por el PRD y el PAN, se basa en los datos del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, donde el 92 por ciento de agresores tienen recursos económicos o influencias para bloquear procesos legales y plantea sanciones específicas a servidores públicos que obstruyan justicia. Además, solicita protocolos para jueces familiares al asignar custodias.
El Partido Verde, en su iniciativa, resalta que, en 2022, fueron 22 mil 648 los menores hospitalizados por violencia familiar en México y propone que la violencia vicaria sea considerada maltrato infantil; busca incluir amenazas, manipulación emocional y negligencia médica como modalidades del delito y se vincula las reformas con la Convención de los Derechos del Niño.
Además, prevé penas de 4 a 8 años, aumentables si hay daño físico a menores y multas económicas que van de los 100 a 300 días de salario mínimo, junto con la prohibición de convivencia con los hijos para agresores.
Dentro de los datos que se presentaron, los diputados de los distintos grupos parlamentarios están que, en el Edomex, 5 millones de niños y adolescentes viven en hogares donde el 89 por ciento percibe violencia, de acuerdo con el INEGI. Además, solo en 2023, el DIF estatal registró 397 deudores alimentarios morosos, casi todos hombres. Cabe destacar que los diputados coincidieron en que es necesario que estas reformas se aprueben lo más rápido posible, ya que las víctimas de esta situación no pueden seguir esperando; sin embargo, esta iniciativa se podría aprobar en un periodo extraordinario, ya que el segundo periodo ordinario concluye este martes 13 de mayo.
