El diputado morenista, Octavio Martínez Vargas, presentará en el Pleno del Congreso mexiquense una iniciativa para reformar el Código Penal y combatir el delito de despojo, que en 2025 registró un aumento del 7 por ciento respecto al año anterior.
La propuesta plantea tres cambios clave: uno, declarar el despojo como delito grave; dos, aumentar las penas para alcanzar hasta 10 años de prisión, cuando afecte a adultos mayores o se cometa con violencia, y tres, permitir la restitución ‘exprés’ de propiedades en un máximo de 48 horas si el dueño acredita su derecho con documentos registrales.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2025 se abrieron 861 carpetas de investigación por despojo en la entidad, frente a las 804 del mismo periodo en 2024. La cifra es aún más alarmante al compararla con 2019, cuando se registraron 512 casos, lo que refleja un crecimiento del 68 por ciento en seis años.
Doña Lupita, una adulta de 102 años explicó que a base de engaños un extranjero nacionalizado mexicano, primero invadió el inmueble y luego, con apoyo de Notarios de Oaxaca, simularon una venta
La iniciativa propone un nuevo artículo, que es el 308 ter, para que, al denunciar un despojo, el Ministerio Público solicite en 24 horas a un juez la devolución provisional del inmueble, sin esperar un juicio civil o una sentencia penal.
Además, el juez tendrá 48 horas para resolver y podrá ordenar el uso de la fuerza pública si el desalojado no prueba con documentos su derecho sobre el inmueble. La medida busca evitar que las víctimas tarden años en recuperar su propiedad debido a procesos judiciales lentos.
La iniciativa establece en el artículo 308 bis, penas de 5 a 10 años de prisión en casos donde el despojo sea contra adultos mayores, haya violencia física, intimidación o engaño, por ejemplo, cuando se rompen cerraduras o presentar documentos falsos o se use fuerza pública sin orden judicial.
El juez tendrá 48 horas para resolver y podrá ordenar el uso de la fuerza pública si el desalojado no prueba con documentos su derecho sobre el inmueble.
Actualmente, el despojo no está clasificado como delito grave en el Estado de México, lo que facilita que los imputados obtengan libertad bajo fianza. Asimismo, la reforma enfatiza la protección de adultos mayores, quienes son víctimas frecuentes de fraudes inmobiliarios o invasiones.
Dentro de las modificaciones que contiene la iniciativa, también se sancionará con destitución a servidores públicos que retengan ilegalmente cuotas del ISSEMYM, otro problema vinculado a abusos de autoridad.
Cabe señalar que el Estado de México es una de las entidades con más casos de despojo, especialmente en municipios con crecimiento urbano desordenado como Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla, donde las víctimas suelen enfrentar invasiones organizadas por grupos que ocupan terrenos con documentos apócrifos, procesos legales eternos a través de juicios que se alargan por falta de pruebas o corrupción y represalias, al denunciar, algunos afectados sufren amenazas.
En entrevista con José Francisco Vásquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, el despojo de viviendas en México no sería posible sin la complicidad de algunos notarios, abogados y despachos legales que facilitan fraudes y alteran documentos de propiedad. El legislador señaló que, aunque el gobierno ha impulsado programas para regularizar propiedades, el delito persiste debido a la falta de denuncias y a la corrupción en el sistema notarial. Explicó que uno de los mayores obstáculos para combatir el despojo es que muchas víctimas solo tienen la posesión de sus terrenos, más no la propiedad legal, lo que les impide denunciar.
