Las campañas para jueces y magistrados, a nivel federal como local, enfrentan un grave problema de credibilidad, ya que múltiples candidatos han violado las reglas electorales, a pesar de que su función será precisamente impartir justicia con apego a la ley, de acuerdo con el Observatorio Electoral.
En entrevista con Víctor Díaz de León, analista del Observatorio Electoral Judicial, mencionó que existen diversas irregularidades, como uso de publicidad pagada en redes sociales, expresamente prohibida, realización de actos masivos con gastos excesivos y apoyo logístico de estructuras no permitidas.
El director general del Sistema Mexiquense de Medios Públicos cuestionó que los medios de comunicación, incluso los de alto poder, no se han involucrado en el aspecto informativo de la Elección Judicial que se llevará a cabo este año
Cabe señalar que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE detectó publicidad pagada en redes sociales para promover algunas candidaturas de la elección judicial, en especial a favor de quienes aspiran a por un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual está prohibido por la ley. Se trata de dos publicaciones realizadas en Facebook, identificados como ‘Justicia sin Barreras’ y ‘Amigos de toro Burgos con la Ministra’; las cuales se presume fueron pagadas y podrían configurar inequidad en la contienda.
Mientras que en el Estado de México, a pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió la semana pasada una denuncia de campaña anticipada por un magistrado al Tribunal de Disciplina Judicial, aún faltan varías por resolver que ha recibido el Instituto Electoral local (IEEM).
El analista comentó que aunque todos los candidatos requieren licenciatura en Derecho, muchos parecen desconocer, o ignorar, la normativa, ya que entre las faltas más graves, que han detectado, está la publicidad digital ilegal donde candidatos potencian su alcance en redes con patrocinios, pese a que el INE lo prohíbe para garantizar equidad, eventos prohibidos, a través de mitines con gastos cuestionables, aunque la ley restringe actos masivos y estructuras no autorizadas, ya que algunas campañas operan con equipos profesionales externos, pese a la prohibición de apoyo partidista.
Díaz de León, insistió que estas faltas podrían ser por originadas por la improvisación en la reglamentación y la poca difusión debilitan la legitimidad del proceso, puesto que el Senado y los congresos locales, sin experiencia electoral, tomaron decisiones apresuradas, lo que da como resultado, reglas ambiguas que generan incertidumbre.
Refirió que ante las restricciones severas por parte de la autoridad electoral, que prohíben los espectaculares, mitines o publicidad masiva, los aspirantes solo les queda promoverse en redes sociales; sin embargo, muchos abogados sin experiencia política no saben comunicarse con el electorado, lo que genera un bajo impacto en la población electoral
Destacó que el financiamiento es otro obstáculo, ya que sin recursos públicos como los partidos, muchos dependen de fondos propios, lo que suma al desconocimiento que tiene la población sobre la elección y de la cual las mismas autoridades electorales han estimado que la participación podría rondar hasta el 15%.
‘No es lo mismo litigar en tribunales que navegar normas electorales complejas. Muchos candidatos no entienden que esto no es un concurso de currículums, sino una contienda política, si no cumplen las reglas, quedarán fuera aunque tengan el mejor perfil’, reconoce el experto.
Destacó los casos que incluyen candidatos a la SCJN que representaron legalmente a narcotraficantes y liberaron a supuestos miembros del crimen organizado y candidatos que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, pero que se les permitió continuar en la contienda. Ante estas irregularidades, el Observatorio exigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a los Tribunales locales, actuar contundentemente, ya que si no sancionan, sentarán un precedente peligroso, a fin de evitar que quienes imparten justicia lleguen al cargo violando la ley.
