La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) enfrenta este año un déficit financiero estructural superior a mil 800 millones de pesos, lo que compromete la viabilidad del sistema de transporte público en el estado, advirtió el titular Jacinto Sosa Novelo.
A pesar de la problemática financiera, la operación del sistema de transporte está garantizada al menos para 2025, afirmó durante el Informe Anual de Actividades de la ATY, ante el Congreso estatal.
Sosa Novelo –quien sustituyó a Rafael Hernández Kotasek, funcionario emanado del Partido Acción Nacional- sostuvo que el modelo heredado por el ex gobernador y actual senador blanquiazul, Mauricio Vila Dosal (2018-2024), apenas cubre el 41 por ciento de los costos operativos actuales y que, de mantenerse sin ajustes, requerirá más de 11 mil millones de pesos en subsidios estatales en los próximos seis años.
Explicó que toda la situación financiera de la ATY es resultado de un esquema de gestión enfocado en garantizar ingresos a particulares, sin planificación técnica ni visión de largo plazo.
La adquisición de más de 600 unidades fabricadas en Europa fue uno de los proyectos emblema del gobierno del panista Mauricio Vila, quien no dudó en ordenar el retiro de cientos de autobuses que, a través de antiguas empresas camioneras del ramo público -algunas con 80 años de labores- prestaban servicios a miles de usuarios, principalmente en Mérida.
El titular de la ATY detalló que entre los principales factores del desequilibrio financiero se encuentran los pagos garantizados por kilómetros no recorridos, con un impacto estimado en 264 millones de pesos anuales; tecnología adquirida a sobreprecio que no cumple con los estándares operativos (su costo acumulado es superior a 400 millones de pesos) y un sistema de transporte eléctrico (Ie-Tram) con ingresos por debajo de su costo real de operación. Los impactos financieros están calculados desde 2022 hasta el primer trimestre de 2025, según Sosa Novelo.
Sosa Novelo también reportó la pérdida de 30 millones de pesos en tarjetas inservibles –con lo que se tiene derecho al abordaje de las unidades Va y Ven y Ie-Tram- compradas entre 2023 y 2024 durante una transición tecnológica mal ejecutada, así como la carga de contratos a largo plazo, como el del Centro de Transporte Modal (Cetram) Norte, que obliga al Estado a pagar 22.2 millones de pesos anuales durante 15 años, sin que el inmueble pase a ser propiedad pública.
El funcionario expresó que lo recibido no fue sólo un caso de mala planeación, sino de un modelo de gestión orientado a beneficiar a particulares a costa del erario.
«No se pensó en los usuarios, sino en asegurar rentas garantizadas para unos cuantos. No venimos a administrar el desastre, venimos a cambiar las cosas y a poner orden», destacó.
Actualmente, el sistema moviliza a diario a más de 480 mil personas a través de rutas del Va y Ven y el sistema convencional en Mérida, Kanasín, Umán y ciudades del oriente del estado, como Valladolid y Tizimín. Sin embargo, el titular de la ATY insistió en que “no se puede sostener un modelo financieramente insostenible” y llamó a los legisladores a construir, en conjunto, una nueva ruta basada en eficiencia, justicia social y responsabilidad fiscal. La bancada de Acción Nacional -12 de 35 diputados locales- rechazó la exposición de Sosa Novelo y argumentó que “él tiene otros datos”.
Sosa Novelo –ex militante del PAN- anunció que se elaborará un estudio de movilidad actualizado que permita, por primera vez, comprender con precisión los patrones de origen y destino, evaluar rutas, analizar la demanda real y rediseñar el sistema con base en evidencia técnica.
