El presidente Donald Trump amenazó el viernes con nuevas sanciones y aranceles a Rusia por sus bombardeos en Ucrania, después de que ordenara suspender la ayuda a Kiev en un intento por impulsar la diplomacia.
«Basado en el hecho de que Rusia está absolutamente golpeando a Ucrania en el campo de batalla en este mismo momento, estoy considerando seriamente aplicar sanciones financieras a gran escala y aranceles a Rusia hasta que se alcance el Cese el Fuego y UN ACUERDO DEFINITIVO DE PAZ», escribió Trump en su red Truth Social.
Por otro lado, la administración de Donald Trump enfrentó ayer una nueva ronda de reveses judiciales en los que incluso una jueza enfatizó: es el presidente, no el rey. Un tribunal federal dictaminó que el despido abrupto de una ex funcionaria de alto nivel del principal organismo de control laboral estadunidense fue ilegal. Un segundo magistrado extendió una orden que impide al magnate congelar subvenciones y préstamos en el gasto federal que podrían sumar trillones de dólares, y otro juez dio al gobierno hasta el próximo lunes para pagar casi 2 mil millones de dólares en deudas con los socios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado.
La jueza Beryl A. Howell ordenó la reincorporación de Gwynne Wilcox a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, tras señalar que “un presidente que promueve una imagen de sí mismo como un ‘rey’ o un ‘dictador’, tal vez como su visión de un liderazgo eficaz, comprende fundamentalmente mal el papel que le corresponde según el artículo II de la Constitución de Estados Unidos”.
Wilcox fue la primera miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales en ser destituida por un presidente de Estados Unidos desde la creación de la junta en 1935, informó The Guardian.
El juez John McConnell, en Rhode Island, afirmó que el Poder Ejecutivo estaba tratando de colocarse por encima del Congreso, y eso socava los distintos roles constitucionales de cada rama de nuestro gobierno, tras la demanda que presentaron casi dos docenas de estados demócratas.
Añadió que las entidades que emitieron la demanda demostraron legitimidad en el caso mediante docenas de declaraciones que ilustran los efectos de la congelación indiscriminada e impredecible de los fondos federales, que afectan casi todos los aspectos de las operaciones oficiales de los estados e inhiben su capacidad para administrar servicios vitales a sus residentes.
Por su parte el juez de distrito Amir Ali falló a favor de los grupos sin fines de lucro y las empresas que demandaron por la congelación de fondos de la Usaid que ordenó Trump, lo que obligó a organizaciones de todo el mundo a recortar servicios y despedir a miles de trabajadores.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) despidió esta semana a algunos empleados que se encontraban a prueba y trabajaban en varias carteras diferentes, con el argumento de que esos elementos tenían problemas de rendimiento. En algunas otras agencias, los trabajadores federales que fueron despedidos por la misma causa recibieron excelentes evaluaciones de desempeño antes de ser recortados, según entrevistas y documentos que analizó Reuters.
