Una vez que concluya la elección judicial, el próximo 1 de junio, la duda se enfocará a saber cuánto tiempo tardarán los nuevos jueces, ministros y magistrados electos por votación ciudadana en capacitarse, especializarse o cumplir con la etapa de aprendizaje para ejercer adecuadamente sus cargos –por lo menos cinco años-, consideró Luis Rivera Montes de Oca, ex presidente y fundador de la Barra de Abogados del Estado de México.
Después del exhorto que hizo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) termine de establecer las reglas para la próxima elección judicial, el también ex titular del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estatal, advirtió que se corre el riesgo de incremento en la inseguridad.
‘Hemos visto una Reforma Judicial con sus altibajos, y se acerca el 1 de junio para la votación a nivel federal. Tenemos que recordar que el Comité de Evaluación de la Suprema corte de Justicia de la Nación suspendió sus actividades, como consecuencia del otorgamiento de un amparo, y ahora el riesgo es que todos los que se estaban inscribiendo o ya lo habían hecho para la elección ya no podrán participar’, expresó.
La convocatoria estará abierta hasta el 5 de febrero y contempla premios de hasta 45 mil pesos
Cabe recordar que fue en septiembre del año anterior cuando la Suprema Corte de Justicia de México determinó en sesión privada la suspensión de actividades en apoyo al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial.
‘Si el tiempo vence y no envían la lista de aspirantes de quienes se habían inscrito, ya no podrán participar. Entonces, podemos decir que se trata de altibajos que se están presentando, así como una lluvia de ideas en torno a la Reforma Judicial, porque hay sectores que se encuentran a favor y otros en contra’, indicó.
Desde la perspectiva del especialista, prevalece una confusión muy grande en torno a la Reforma al Poder Judicial federal; mientras que, en el caso de la entidad el procedimiento se está presentando de una mejor manera; ‘es decir, con pulcritud con respecto al texto Constitucional’.
‘En el caso de la entidad, puede darse una reforma tersa y esperanzadora pero siempre y cuando se cumpla con todos los pasos necesarios para la selección de quienes se inscriban. Son tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, los que deberán enviar sus listas de aspirantes, y a diferencia del Tribunal Federal el estatal va caminando en unidad, lo cual es una garantía’, apuntó.
Una muestra de ello, subrayó, fue el reciente nombramiento de Fernando Díaz Juárez, al frente del TSJ de la entidad de manera interina hasta junio del presente año, ya que se trató de una designación por unanimidad.
