San Cristóbal de Las Casas. Una indígena tseltal viuda y de la tercera edad de la comunidad de Jet-Já, municipio de Chilón fue despojada de su parcela por un sobrino y sus hijos, lo que ya ha generado un conflicto intracomunitario, denunció el Frente Popular Revolucionario.
«En la localidad de Jet-Já, anexo al ejido San Jerónimo Bachajón, de Chilón, se ha originado un conflicto provocado por la disputa de una parcela despojada a nuestra compañera Juana Solórzano Pérez, de la tercera edad, viuda y con problemas de salud», agregó.
En un comunicado dijo que la mujer «es sucesora legítima de los derechos agrarios de quien en vida respondiera al nombre de Manuel Hernández Pérez», que era su esposo.
Señaló que «en meses pasados, Solórzano donó una fracción de su parcela a la comunidad de Jet-Já de manera consciente y voluntaria, razón por la cual la comunidad la apoyó para recuperar la posesión de su parcela y la restitución de sus derechos ejidales, luego de que por varios años fue víctima de incontables atropellos por parte de su sobrino Sebastián Hernández Solórzano».
La agrupación afirmó que «en un abierto acto de provocación, el sábado 24 de agosto de 2024 por la noche, de manera furtiva, con alevosía y ventaja, Sebastián Hernández Solórzano, con el apoyo de sus hijos Manuel Hernández Gutiérrez y Natanael Hernández Gutiérrez, violando el reglamento interno del ejido y de la comunidad, irrumpieron en la parcela colectiva de la comunidad arrancando los postes y cortando el alambrado que habían colocado los ejidatarios y pobladores de la comunidad un día antes».
Expresó que «frente a este hecho a todas luces ilegal, la Asamblea Comunitaria, amparada en su sistema normativo propio, determinó detenerlos e imponerles una multa por violar el reglamento interno y causar daños en propiedad ajena».
Añadió que ello «motivó que la familia de los detenidos denunciara ante el fiscal del Ministerio Público de Bachajón a las autoridades de la localidad por retención de particulares y revivir rencillas políticas producto de los resultados de la pasada contienda electoral».
Ante ello, el Frente hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que, «de manera inmediata, intervengan para generar las condiciones necesarias para el diálogo a través de la instalación de una mesa interinstitucional de carácter resolutivo, en la que se pueda dar atención al conflicto con base en la justicia y el derecho».
Demandó «respeto al derecho como pueblo tseltal a la libre determinación y autonomía, consagrado en el artículo 2 constitucional», al tiempo de advertir que, «de no atenderse adecuadamente esta situación puede devenir en un conflicto social y político que provoque actos de imposible o difícil reparación».
