Jueces y magistrados se unieron el miércoles a trabajadores del Poder Judicial en un paro indefinido de labores contra una reforma al sector impulsada por el saliente mandatario, Andrés Manuel López Obrador, mientras los mercados reaccionaban negativamente a la polémica iniciativa.
A primera hora del lunes, miles de trabajadores del Poder Judicial de México iniciaron una huelga asegurando que la reforma atenta contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial para acceder a los cargos de juzgadores y que abre la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre el sistema de justicia.
“Nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social“, dijo Juana Fuentes, presidenta del gremio que agrupa a magistrados y jueces, la madrugada del miércoles.
“Por estas razones, hemos decidido (…) la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir de este 21 de agosto (miércoles), como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que esta sea desechada”, agregó.
Los trabajadores acordaron que solamente operarán los casos urgentes en materia penal donde se deba otorgar libertad y esté en riesgo la vida de las personas.
El punto más álgido de la iniciativa presentada por López Obrador a principios de año propone la elección de unos 7,000 ministros, magistrados y jueces por voto popular. Los ministros de la suprema corte se votarían en junio de 2025.
En un intento por poner paños fríos a las reacciones negativas, el oficialismo propuso más de 100 rectificaciones a la reforma. Sin embargo, analistas concuerdan en que los cambios principales -gradualidad y escalonamiento- no modifican la esencia de la iniciativa original.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha defendido la propuesta asegurando que el cambio se requiere para combatir la impunidad.
“Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres”, dijo el miércoles el mandatario, conocido por su acrónimo AMLO.
“No pasa nada con su movimiento, no importa, porque ellos no atienden a la población, yo les diría que, al contrario, si los jueces no están, los ministros, los magistrados no están en activo, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel”, agregó en su conferencia de prensa matutina.
Mercados preocupados
La propuesta de AMLO ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que debilitaría a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina, además de incumplir compromisos del acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC.
“El mercado ha comenzado a reaccionar a la probable aprobación de la reforma al Poder Judicial que permitiría la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, poniendo en riesgo la certeza jurídica para las empresas”, dijo Banco Base en una nota a clientes.
El miércoles, el peso MXN= y la bolsa mexicana retrocedían en respuesta a la inminente aprobación de la reforma judicial.
En la víspera, el banco de inversión Morgan Stanley redujo su previsión para el mercado accionario mexicano, en el primer efecto negativo para los mercados locales por la reforma.
El oficialista Morena no tendría inconvenientes para aprobar rápidamente la reforma en ambas cámaras del Congreso, donde tiene una amplia mayoría. Sin embargo, el árbitro electoral debe confirmar esta semana si el partido de gobierno tendrá mayoría calificada también en el Senado o se quedará corto.
El martes, AMLO pidió a los principales millonarios de México -entre ellos, los magnates Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas- que opinen sobre la polémica desatada en torno al riesgo de una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el próximo Congreso, que inicia labores en septiembre.
El mandatario instó a los empresarios a que expresaran su postura de manera directa y no a través de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o el Consejo Mexicanos de Negocios (CMN) que, en días pasados solicitaron cuidar que la distribución de los congresistas se apegue a la Constitución.
