El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, decidió acogerse a su derecho a no declarar contra su esposa y no responder así a las preguntas del juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. Sánchez fue citado a declarar en calidad de “testigo” y en su condición de esposo de Begoña Gómez, investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El juez español decidió tomarle la declaración a Sánchez en el palacio de La Moncloa, la residencia oficial de la presidencia del gobierno, con lo que se convirtió en el primer mandatario español en el ejercicio que es sometido a una declaración de este tipo, en su caso por una investigación judicial y policial abierta contra su esposa a raíz de una denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.
Sánchez intentó primero responder por escrito, apelando a su condición de presidente del gobierno, pero al ser rechazada esa condición, finalmente se llevó a cabo el interrogatorio en su oficina, que duró apenas unos minutos ante la negativa de Sánchez a responder a las preguntas, tal y como permite la legislación española para no afectar a los intereses de su cónyuge o familiar.
