El delito de extorsión preocupa al sector empresarial, sobre todo en los municipios de Toluca, Lerma y Metepec, ya que incluso las estadísticas se ubican por arriba del promedio nacional.
Ante dicho panorama, Germán Jalil Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), pidió a las autoridades reforzar la seguridad, porque sigue incrementando la extorsión telefónica en perjuicio de este sector y de toda la ciudadanía.
“Efectivamente la extorsión se muestra como uno de los principales delitos, sobre todo en los municipios de Toluca, Lerma y Metepec. Se trata de una cifra que a pesar de su ligera disminución en el último mes –por falta de denuncias formales- sigue estando alta e incluso por encima del promedio nacional”, externó.
En cuanto a las modalidades de este delito, detalló que básicamente se encuentra la extorsión telefónica, mediante la cual los delincuentes hablan para señalar que tienen a algún familiar y pedir dinero.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecieron un alarmante aumento del 11% en las víctimas de extorsión en México durante el primer bimestre del año 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Las estadísticas oficiales muestran que las víctimas de extorsión se concentran principalmente en las siguientes entidades: Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más comunes que afectan a los ciudadanos, empresas y comunidades mexicanas en los últimos años.
El presidente del CCEM comentó que las llamadas de extorsión en la entidad mexiquense, provienen en su mayoría de los penales, particularmente de Guerrero, Michoacán y la parte norte del país.
Derivado de lo anterior, los empresarios agremiados al CCEM reciben capacitación permanente por parte de las autoridades, con el objetivo de indicarles qué deben hacer en estos casos, como el hecho de mantener la calma y no brindar dinero a los delincuentes.
“Estamos hablando de un ilícito que tiene un impacto sustancial en la economía, el tejido social y la seguridad de la población, motivo por el cual puede llevar al cierre de empresas, la pérdida de empleos y una disminución del crecimiento económico”, sostuvo.
