La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato denunciará la violencia que viven las personas buscadoras en México
La violencia contra personas buscadoras se recrudece más en el país, en lo que va 2024 han asesinado a: Noé Sandoval Adame, integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Chilpancingo, Guerrero y Angelita Meraz de León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate, en Baja California. Además, Lorenza Cano, buscadora del colectivo «Salamanca unidos buscando a nuestros desaparecidos Guanajuato», fue secuestrada.
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados al menos 15 familiares de personas desaparecidas, en contraste con los 5 asesinatos registrados en el gobierno de Enrique Peña Nieto y los 3 durante la gestión de Felipe Calderón, de acuerdo con el mapa “Familiares de personas desaparecidas, 2010-2024” del Proyecto sobre Desaparición Forzada UAM-C.
Ante este panorama, la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato en conjunto con otras organizaciones civiles y colectivos de búsqueda como “Una promesa por cumplir” y “La voz de los desaparecidos Puebla”, solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar los casos de las personas buscadoras asesinadas en México, especialmente en Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa y Puebla, así como los riesgos que enfrentan las familias de personas desaparecidas por buscar a sus seres queridos.
¿Cuál es el objetivo de la audiencia?
La Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato busca que uno de los temas durante el 188 Período Ordinario de sesiones de la CIDH que se realizará el 28 de febrero sea la protección a las familias de personas desaparecidas, en específico a las madres buscadoras, quienes son las que encabezan la lucha por justicia en los casos de desaparición en México.
Estas son algunas peticiones de la Plataforma para la CIDH:
Solicitar al Estado Mexicano protección de las Personas Buscadoras, en sucalidad de personas defensoras de derechos humanos
Pedir a las autoridades garantizar la implementación de la Ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como las leyes locales aplicables
Requerir la creación de un Plan emergente para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en la región occidente del país.
La solicitud de audiencia se relaciona con la petición de medidas cautelares realizada por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ante la Comisión, para la buscadora Guadalupe Aguilar Jáuregui, quien ha sido intimidada por la Fiscalía de Guanajuato. Este no es el único caso, durante los últimos tres años, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha documentado diversas agresiones a familias de personas desaparecidas, incluidos casos de desplazamiento forzado y de asesinatos en el contexto de la búsqueda como represalias por la búsqueda.
Guanajuato, foco rojo
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) identifica a Guanajuato como el estado más peligroso del país para ejercer el derecho a buscar y ser buscados, pues de 2020 a 2023 ha documento el asesinato de al menos seis personas buscadoras. Entre estos casos está el de Teresa Magueyal, integrante del colectivo ‘Una Promesa Por Cumplir’, que fue asesinada el 2 de mayo de 2023 en Celaya, a pesar de que el colectivo al que pertenecía forma parte del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Teresa, buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020. La CIDH incluyó su asesinato en su informe de situación sobre personas defensoras de derechos humanos. Además, pidió a México investigar el caso siguiendo los estándares interamericanos sobre crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, sancionar a responsables y a reparar familiares, otorgando así la calidad de personas defensoras a las madres buscadoras.
Esto contrasta con las acciones del Estado mexicano quien descarta algunas solicitudes de protección a las personas buscadoras argumentando que su riesgo está asociado a su condición de víctimas y no a su trabajo de defensa de los derechos humanos, de acuerdo con la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al 7 de julio de 2023 en Guanajuato existen 2 mil 575 personas desaparecidas. Los municipios con mayor número de desapariciones son León, Irapuato y Celaya.
