Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sugirieron al Instituto Nacional Electoral (INE) aplicar medidas preventivas en materia de seguridad, pues la violencia generalizada, por acciones del crimen organizado, y la transgresión a los principios electorales son causa de nulidad de comicios.
“Si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral”, dijo Felipe De la Mata.
La presidenta, Mónica Soto, comentó que el protocolo del INE – presentado en la víspera a los partidos políticos- se inscribe en las facultades del árbitro.
Ante la prensa dio también datos sobre la judicialización de la contienda: en lo que va del proceso electoral, del 7 de septiembre pasado a la fecha, la Sala Superior del TEPJF ha recibido 3 mil 332 asuntos de los cuales 183 son por actos anticipados de precampaña y campaña (aunque cientos se encuentran todavía en investigación en el INE o en la Sala Especializada del Tribunal); 199 por procedimientos especiales sancionadores, y 181 por actos de órganos electorales.
Asimismo, 150 por uso indebido de recursos públicos; 256, acciones afirmativas; transgresión a lineamientos, 82; candidaturas independientes, 93; promoción personalizada de servidores públicos, 47; procedimientos internos de selección de candidaturas, 53, y por integración de órganos electorales, 69, entre otros.
En ese contexto, los magistrados Felipe Fuentes y de la Mata explicaron que sí es posible anular una elección cuando los hechos de violencia tengan “un gran impacto” en el resultado de los resultados; por ello se refirieron a la importancia de las acciones preventivas.
“Tienen que tomarse las decisiones necesarias para que de alguna manera esos eventos no sucedan. Para eso, pues tiene que haber un especie de profilaxis, es decir, identificar la posibilidad de que haya en un determinado lugar un evento de ese tipo y se tomen las decisiones”, expuso De la Mata, quien en días recientes ha advertido sobre el crecimiento de la incidencia del crimen organizado en las elecciones de México.
Ayer sugirió instalar casillas en un sitio diferente al inicialmente programado y contar con un resguardo especial en estas; luego, con una reforma, validar el voto anticipado por internet y la denuncia anónima.
En cuanto a la reforma política en materia electoral, enviada hace unos días por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Soto, Fuentes y De la Mata pidieron al Congreso “responsabilidad”.
El magistrado De la Mata comentó que las mejores reformas que ha tenido en el país (años 1977 y 1996) han sido al inicio del sexenio y por consenso.
Y aunque dijeron que acudirían a las eventuales mesas de análisis de este nuevo paquete de reformas, Soto solicitó que no se vea al TEPJF como un actor político ni se le ponga “en la misma línea de las candidatas y candidatos”.
