Con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha emprendido una labor sistemática para ocultar los contratos que firmó esa dependencia con la red de empresas KBH para la compra y el uso del software espía Pegasus, así como para encubrir la existencia y operación del Centro Militar de Inteligencia (CMI).
En su afán por evitar que los contratos de Pegasus se hagan públicos, la Sedena se niega a acatar las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que le ordenan la entrega de una versión pública de los contratos que esa dependencia ha firmado con las empresas Proyectos y Diseños VME, Comercializadora Antsua y Air Cap, mismas que en su momento le vendieron el malware y sus actualizaciones a la milicia mexicana.
La dependencia que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval, un cuadro formado en la cúpula de la inteligencia militar, ha llegado al extremo de mentirle tanto al Poder Judicial de la Federación como a la Fiscalía General de la República (FGR) en los juicios de amparo y los procesos penales en los que se investiga el espionaje con Pegasus en contra de defensores de derechos humanos y periodistas.
Para la Sedena no ha habido límites: cuando un Ministerio Público Federal o un juez les hacen solicitudes de información relacionada con Pegasus, la misma se entrega de forma incompleta, se omiten en sus respuestas contratos cuya existencia ha sido acreditada previamente o se reservan los contratos por motivos de “seguridad nacional” sin que la Consejería Jurídica de la Presidencia haya aprobado dicha declaratoria como marca ley.
Ni siquiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del propio gobierno federal se ha salvado de la actitud beligerante de la Secretaría de la Defensa, ya que la cúpula castrense también se ha negado a la entrega de los contratos relacionados con Pegasus a sus pares en el gobierno de López Obrador.
Apenas este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente resolvió que Hacienda debe dar a conocer la información que Sedena le ha entregado de forma parcial sobre el caso Pegasus.
En la negativa de Sedena para entregar información que el INAI le ha ordenado entregar, el cambio de opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un factor clave.
De comprometerse a transparentar todos los contratos públicos relacionados con el software espía tras las revelaciones de Pegasus Project en 2021, incluyendo el espionaje a su familia, pasó a avalar la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de no revelar los contratos relacionados con esa plataforma, con el argumento de que se podría afectar la seguridad nacional.
La postura manifestada por el presidente en julio del 2021, que se tradujo en que el CISEN aceptará la existencia de sus contratos para la adquisición y actualización con Pegasus, se mantuvo hasta octubre del 2022, cuando todavía se pronunciaba por la transparencia y divulgación de los citados contratos.
En esa fecha, se dio a conocer la primera parte de la investigación de Ejército Espía y a pregunta expresa, López Obrador seguía comprometiéndose a publicitar toda la información relacionada con el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, en 2023, con nuevas revelaciones de Ejército Espía, finalmente López Obrador dio marcha atrás y dio el aval parta que la Sedena mantenga la opacidad sobre las labores de espionaje que realiza, sin contar con facultades legales para ello.
Delitos en nombre de la seguridad nacional
En su actitud extrema por ocultar información, la Sedena podría estar incurriendo en al menos tres delitos federales, dos de ellos previstos en el Código Penal Federal (CPF) y uno más sancionado por la Ley de Amparo.
De acuerdo con el Código Penal, los delitos en los que podría incurrir la Sedena son el de delito de ejercicio ilícito de servicio público, el cual se configura cuando un servidor público “sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”.
O bien, cuando ese mismo servidor público o cualquier otro le miente a una autoridad judicial o ministerial dentro de un proceso legal como ha sucedido en el caso de la Sedena con la FGR y los juzgados de amparo. En estos casos, la pena prevista es de dos a siete años de prisión y hasta 50 días de multa.
Además, la Sedena ya ha incurrido en el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, cuya pena va de 4 a 8 años de cárcel y hasta 300 días de multa por faltar a la verdad en sus respuestas a la PGR y al INAI, pero también por hacer afirmaciones falsas o negar la verdad en todo o en parte dentro de un juicio de amparo.
Un tercer delito se puede configurar a partir del artículo 262 de la Ley de Amparo, el cual establece penas de hasta nueve años de cárcel y la inhabilitación del cargo público a cualquier autoridad o servidor público que al momento de rendir un informe previo ante juzgados “exprese un hecho falso o niegue la verdad”.
La negativa de los militares a cumplir con las leyes van más allá de la transparencia: entre los miles de documentos filtrados por Guacamaya y un puñado de oficios que la propia Sedena ha entregado a jueces federales en el marco del caso Ayotzinapa se reveló la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un organismo castrense dedicado al espionaje pese a que las Secretarías de la Defensa y Marina carecen de facultades legales para ejercer dicha labor en contra de civiles.
La Sedena siempre ha defendido sus labores de inteligencia para poder combatir al crimen organizado, pero desde octubre del 2022 la investigación Ejército Espía que coordinó la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3) ha logrado acreditar que en el gobierno actual se ha espiado a cuatro personas, incluyendo al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, quien ha revelado casos emblemáticos de abusos cometidos por las fuerzas armadas en Tamaulipas
Las transcripciones de algunas de las conversaciones que sostuvo Ramos con otras personas fueron halladas dentro de los miles de correos electrónicos filtrados por Guacamaya.
Además, se acreditaron al menos cuatro ataques más con Pegasus contra otras personas de la sociedad civil: el periodista Ricardo Raphael, otro periodista del portal Animal Político que prefirió reservar su identidad y dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que le da seguimiento al caso Ayotzinapa y a la intervención castrense en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela Isidro Burgos que este 2024 cumplirá una década sin resolverse.
