Expertos dialogaron sobre la futura reforma de pensiones que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los especialista ofrecieron sus opiniones sobre los desafíos y posibles soluciones para el sistema de pensiones en el país, el cual necesita una reestructuración, según coincidieron los analistas
El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, coordinador temático de finanzas dentro del Grupo Parlamentario de Morena, enfatizó la necesidad de abordar de manera integral la problemática de las pensiones en el país, subrayando la importancia de garantizar un sistema justo y sostenible a largo plazo.
Explicó las implicaciones financieras de las propuestas de reforma planteadas, señalando que el objetivo es revertir la reforma del seguro social de 1997 para retornar al modelo de pensiones del 73, donde los trabajadores puedan recibir hasta el 100% de su salario al momento del retiro.
“Este proyecto sin duda no afecta el sistema financiero, al contrario, es un mecanismo adicional que se va a complementar con las cuentas de ahorro”.
“Los pensionados bajo el régimen del 97 y nuevos pensionados recibirán hasta el 100% de su salario de manera gradual hasta alcanzar una presión acorde a su percepciones recibidas en su vida laboral”, explicó.
Asimismo, Gutiérrez subrayó la importancia de mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, así como que los patrones inscriban a sus trabajadores.
Concluyó resaltando la necesidad de un debate abierto y participativo que involucre a todas las fracciones parlamentarias y a especialistas en la materia, con el objetivo de encontrar la mejor solución para los trabajadores del país.
Por otro lado, Guillermo Zamarripa, quien preside la Asociación Mexicana de Afores, contextualizó la complejidad inherente al sistema de pensiones en México, subrayando su carácter fragmentado y diversificado.
Zamarripa enfatizó que esta diversificación abarca desde los trabajadores afiliados al IMSS hasta los sistemas específicos estatales, lo cual complica la gestión y la homogeneización de los beneficios para los trabajadores.
Además, aludió a la reforma realizada en 2020 a las pensiones del sector privado, que aumentó la cuota de contribución del seis y medio al 15%. Esta modificación, según dijo, constituye un paso fundamental hacia la mejora de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
Sobre la futura reforma a las pensiones, hizo hincapié en la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener el sistema con cuentas individuales y administradoras públicas o privadas, citando declaraciones reiteradas del mandatario en conferencias matutinas a lo largo del mes de enero.
Además, abordó las deficiencias del sistema anterior, especialmente en referencia a la ley de 1973 y las pensiones no financiadas. Señaló que dicho régimen no garantizaba un beneficio del 100% para todos los trabajadores, pues dependía del número de semanas de cotización y el nivel salarial.
“Otro problema que tenía el régimen es que estaba desfinanciado. Con el 6 y medio de aportación no se podían dar pensiones altas. Lo que está haciendo la reforma del 2020 es al 15% calibrar el sistema para que no sea tan distinto a la Ley 73.
“Lo que dice el presidente, y creo que es algo bueno, es ver cómo mejorar las pensiones. Se debe analizar cuál es el numero adecuado de semanas para que la legibilidad sea la correcta”.
Por último, Zamarripa advirtió sobre los desafíos financieros y fiscales que implicaría una reforma de pensiones mal diseñada, subrayando la importancia de buscar beneficios adecuados para los trabajadores sin comprometer la estabilidad financiera del país.
Por otra parte, el consultor Pedro Vásquez Colmenares, señaló que las pensiones en México son una asignatura pendiente que ha sido descuidada durante décadas.
“Tenemos 80 años de haberse creado el Instituto Mexicano del Seguro Social y unos menos del ISSSTE y el primer desafío es que más de la mitad de la población económicamente activa no tienen inscripción ni protección alguna para suspensiones en la vejez”.
Esto se dramatiza por el hecho de que la población ya envejeció y otras fallas estructurales como el incremento de la informalidad y el hecho de que el salario no tuvo un aumento real durante años.
Por lo anterior, enfatizó la necesidad de abordar la reforma a las pensiones de manera integral, evitando soluciones aisladas o improvisadas que no aborden las causas estructurales del desafío pensionario.
Con respecto al presupuesto asignado, resaltó: “La hacienda pública hoy no está en sus mejores condiciones porque tenemos una gran presión de gasto y no se ha hecho en el país una reforma fiscal”.
Asimismo, explicó que el 22% del dinero de la nación se está “yendo a pagar pensiones que siguen desfinanciadas y no estamos hablado de las decenas de sistemas estatales, paraestatales, de pensiones que no tienen solvencia financiera”.
A esto se le agrega las pensiones de adultos mayores, que si bien están en la Constitución, no especifica dónde está la fuente permanente para financiarlas.
Por lo anterior, recomendó que la reforma a las pensiones debe estipular una fuente permanente de financiamiento. “Sería un error que se proponga una solución que cuesta para siempre con una fuente de financiamiento temporal o parcial”.
