La privatización de los servicios de agua, drenaje y saneamiento en Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco, entre otras entidades, se ha traducido en aumento de tarifas, escasez del líquido y malestar social.
En las primeras dos entidades, las empresas que administran el recurso, Aguakán y Concesiones Integrales, respectivamente, son objeto de reclamos de diversos sectores por abusos y mal servicio.
La mercantilización del agua, con la promesa de hacer más eficiente y sostenible su uso y manejo, no ha cumplido con esos propósitos. A menudo, los usuarios terminan pagando por pipas, además de las tarifas por el servicio.
La carencia del líquido que padecen millones de mexicanos, principalmente de escasos recursos, contrasta con las innumerables concesiones otorgadas a particulares, empresas inmobiliarias, mineras, refresqueras y grandes productores que acaparan el agua.
Defensores del medio ambiente argumentan que el propósito de los grandes consumidores es sacar adelante sus proyectos, aun a costa del carácter de bien común de este recurso natural.
Lagos, lagunas, ríos y acuíferos se encuentran hoy en niveles mínimos históricos y lo peor está por venir, pues para este año se espera una de las sequías más intensas de los últimos tiempos, según expertos.
Desde 2013 sigue pendiente en el Congreso de la Unión la aprobación de la Ley General de Aguas, cuya finalidad es garantizar el derecho humano al líquido, estipulado en el artículo 4 de la Constitución.
