Luego de permanecer más de dos años en prisión en el Reclusorio Sur, Juan Carlos García Rivera quedó en libertad al ser absuelto por un juez federal del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar su responsabilidad en el espionaje telefónico con el software Pegasus.
Ayer se llevó a cabo la audiencia para dictar la sentencia del acusado, donde el juez de control, Luis Benítez Alcántara, tiró todas las pruebas de la fiscalía y absolvió al ex empleado de la firma KBH de supuestamente intervenir las comunicaciones de periodistas, activistas y empresarios entre enero de 2015 y julio de 2016.
No obstante, el impartidor de justicia afirmó que su fallo de ninguna manera debe interferir con la obligación de la fiscalía de seguir investigando el caso, pero esta vez haciéndolo de manera exhaustiva, siguiendo lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Apuntó que en su momento “la fiscalía me dijo cuáles eran esos medios de comunicación que fueron intervenidos, pero jamás se me mostró que el teléfono de la víctima tuviera correo activo, fotos o WhatsApp; no se dijo qué tipo de información debía proteger este juzgador porque nunca trajeron el teléfono.
Este juzgador considera que, pese a acreditarse que existió una intervención de comunicaciones con Pegasus, es lamentable no tener el objeto material del hecho.
Al escuchar el fallo, García Rivera abrazó a su esposa, quien estaba en la sala de audiencias y se pusieron a llorar. De acuerdo con funcionarios cercanos al caso, no descartaron que la FGR impugne el fallo.
Al salir de la audiencia, Cuauhtémoc González de la Vega, abogado de García Rivera, señaló que la FGR no sustentó más allá de toda duda razonable que su cliente haya infectado el teléfono de la periodista Carmen Aristegui, y eso es fundamental.
Durante mes y medio de audiencias, la fiscalía presentó una serie de pruebas, más de 40, pero ninguna fue contundente.
Otro de los argumentos del juez para declarar inocente al acusado es que el testigo protegido denominado Zeus fue un declarante de oídas y no demostró que Juan Carlos García usaba el malware para obtener información de las víctimas.
Durante la audiencia de alegatos de conclusión que se llevó a cabo el jueves y concluyó la madrugada del viernes, la fiscalía dijo que Juan Carlos no tuvo un interés personal para intervenir las comunicaciones de la periodista, ya que no se le considera autor intelectual del delito, sino material, pues el dueño de la empresa KBH, Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, le instruyó a quién espiar o qué dispositivos móviles tenía que infectar con Pegasus para extraer la información.
El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, destacó que con las pruebas aportadas por la fiscalía se acreditó que el celular de Carmen Aristegui se intervino con Pegasus entre 2015 y 2016, debido a la publicación del reportaje de la Casa Blanca y otros trabajos periodísticos que realizó en este periodo sobre actos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El entramado corporativo era el escenario ideal para la intervención ilícita de comunicaciones. El dueño de KBH no aparece, los domicilios son inexistentes, los socios son prestanombres y celebraban contratos millonarios con el gobierno, agregó.
