Al rechazar el informe presidencial que reduce los más de 110 mil registros a 12 mil 377 personas desaparecidas, el Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Nacional de Búsqueda exigió al gobierno federal publique las listas de las personas que colocó en las cinco subclasificaciones, principalmente la que las identifica como supuestamente encontradas, a fin de que las familias puedan revisar y verificar en qué grupo colocaron a su ser querido.
La semana pasada, la Secretaría de Gobernación presentó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, e informó que 16 mil 681 personas fueron localizadas.
En la conferencia matutina, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, expuso que la investigación también arrojó a 17 mil 843 personas ubicadas (con datos de que están a salvo, pero sin confirmación presencial); 26 mil 90 registros sin datos suficientes para corroborar identidad; 36 mil 22 sin los nuevos domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda y mil 951 duplicados. Además indicó que entre los localizados, 197 estaban en algún penal.
El Consejo, conformado por familiares de víctimas, especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, señaló que dividir las cifras en subclasificaciones, éstas no están contempladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Respecto a los más de 26 mil registros que carecen de suficientes datos corroborar identidad, indicó que “sí es posible saber quién subió la información incompleta y perfeccionarla”, ya que –subrayó– los datos del registro nacional se agregan mediante claves personalizadas que se asignan a cada institución, principalmente las 33 fiscalías y las 33 comisiones de búsqueda.
En un posicionamiento, el CNC denunció la falta de transparencia en el proceso para elaborar el censo, “violando principios establecidos” en la Ley General en Materia de Desaparición, en las recomendaciones y observaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y revictimizando a los familiares de personas desaparecidas al descalificar su legítima exigencia de participación directa y a la verdad y la justicia.
Al externar su “indignación porque bajo el eufemismo de ‘solicitar apoyo a la ciudadanía se intenta delegar la obligación del Estado mexicano, exigieron también a los gobiernos federal y estatales que “asuman su obligación legal de investigar” a través de las fiscalías general y locales, recabando datos e indicios para buscar, identificar y encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos.
“Denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que depuraron y modificaron el registro, así como la incongruencia en las cifras presentadas”, manifestaron las familias de víctimas de desaparición.
Asimismo, demandaron que se respete el derecho de participación amplia de las víctimas indirectas de desaparición, e insistieron en su solicitud para sostener una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla.
“Ante los acontecimientos recientes, resulta imperativo que las autoridades demuestren respeto, apertura, receptividad, atención y escucha a las diversas voces, de víctimas, colectivos, plataformas y sociedad en general”, recalcaron.
