Al no respaldar firmemente la reforma de la jornada laboral, el presidente López Obrador ha creado tensiones internas. Por ello, la Secretaría de Gobernación abordará el tema con Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena; mientras la legisladora Susana Prieto, autora del proyecto, seguirá pidiendo su aprobación.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se prepara para regresar la reforma de 40 horas al pleno sin agregar los cambios que le pidió la Mesa Directiva. Es decir, sin incluir las exigencias que el sector del empresarial demandó en el Parlamento Abierto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha impulsado varias de las reformas en favor de las personas trabajadoras más importantes de las últimas décadas, no le dio su apoyo contundente a ésta. Y la Secretaría de Gobernación (SG) le entrará al tema, abordándolo con el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier.
Todo eso está ocurriendo, mientras finalmente una incipiente protesta social y movilización ciudadana fuera de la virtualidad ha comenzado a hacerse presente en las cercanías de San Lázaro.
El proyecto de reforma para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas ha alcanzado un punto crítico, en el que la correlación de fuerzas políticas tira de un lado y hacia el otro, a favor y en contra.
Pero también está presente la resistencia de quienes demandan modificar el artículo 123 de la Constitución para ampliar de uno a dos los descansos laborales semanales, tal cual lo señala la iniciativa presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena).
“Si de mí dependiera pasar al pleno esta iniciativa, créame, ya lo hubiera hecho”, dice en entrevista la autora de esta iniciativa. Fue ella quien la propuso y quien más fervientemente la ha defendido en el Congreso.
Que en el pleno se propongan los cambios
Este jueves la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales tomará una decisión sobre el dictamen de esta reforma: acatar lo que le pidió la Mesa Directiva de la Cámara Baja y agregar las demandas empresariales o devolver el que ya aprobó sin ningún cambio.
El presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), propondrá a los secretarios y las secretarias de dicho órgano legislativo no moverle ni una coma.
“No hay ninguna disposición, ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo ni el Reglamento de la Cámara, que permita que un dictamen se vuelva a abrir para estudiar”, dice en entrevista.
Si al dictaminar la comisión hubiera cometido un error en el proceso legislativo estaría justificado, pero no es así, apunta. “En mi opinión, y espero la comparta la mayoría de los secretarios de la Junta Directiva, hay que regresarlo”.
Las modificaciones al dictamen se pueden solicitar una vez que éste llegue al pleno, presentando reservas, argumentándolas y pidiendo el voto para que sean aprobadas, agrega.
En abril pasado, el pleno de esa comisión analizó la iniciativa de la diputada Prieto Terrazas y, por amplia mayoría, la aprobó. El PAN se abstuvo; no votó en contra, pero tampoco dio su aval.
El dictamen en sentido positivo fue enviado a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, órgano encargado de listar los asuntos que discutirá el pleno. Está conformada por quien preside la Mesa Directiva y por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Para ese momento ya era abril y el periodo ordinario estaba a punto de terminar. Al volver, en septiembre, la presidencia de la Jucopo pasó a manos del PAN y la de la Mesa Directiva, del PRI.
Por unanimidad, los partidos en la Cámara de Diputados acordaron convocar a un Parlamento Abierto para escuchar todas las posturas antes de presentar el dictamen ya aprobado al pleno.
En él, representantes empresariales sostuvieron que de aprobarse la reforma, el país entraría en crisis económica. La reforma elevaría el costo laboral hasta 70%, argumentaron, generando desempleo y alza en los precios al consumidor. Pidieron que, en caso de avanzar el proceso, la implementación fuera de manera gradual.
Otro parlamento, pero en el Senado
“Yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay y fijar posteriormente una postura”, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar del tema en la conferencia matutina.
“Cuando quitamos lo del outsourcing no había acuerdo y lo que se convino fue dar un plazo para debatirlo más, y al final los empresarios aceptaron. Pero hubo tiempo porque, sí, los legisladores son representantes populares y es su facultad modificar las leyes, pero en estos temas ¿por qué no consultar y escuchar a todos?”, agregó.
Para el mandatario, los foros del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados “pasaron de noche”, por lo que habría que convocar a más diálogos.
“Evidentemente, el presidente de la República fue mal informado por sus asesores. La Cámara de Diputados ya no puede hacer otro parlamento, ya agotó todas las posibilidades en el proceso legislativo”, señala la diputada Susana Prieto.
Sin embargo, esos diálogos se pueden llevar a cabo, “pero que los hagan en las mañaneras. Así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó el contenido de los libros de texto, porque la izquierda en este país no tiene fuentes informativas”.
Otra vía es que se impulse otro Parlamento Abierto, pero en el Senado de la República. En tanto, la reforma puede avanzar en la Cámara de Diputados, ambas acciones no se contraponen, subraya.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo coincide: “Hay que escuchar y ponderar razones, pero en el pleno de la Cámara de Diputados. Luego habrá espacio en el Senado y después en 32 legislaturas, las de los estados”.
Este martes, el diputado Ignacio Mier tendría una reunión en la Secretaría de Gobernación, según la diputada Susana Prieto. Luego del encuentro, “vamos a ver cuál será la postura de él, como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, que tiene un voto ponderado en la Jucopo, y vamos a ver qué dice la Junta Directiva de Puntos Constitucionales”.
Pero le recuerda a sus compañeros y compañeras de partido y de la coalición (PT y PVEM): “El Presidente de la República no dijo que estaba en contra, ni le dijo a nadie que votara en contra. Él emitió una opinión, basada en lo que los cabilderos le han informado”.
Para la legisladora, el lobby empresarial llevó su antesala del Congreso al Palacio Nacional y desde ahí está impidiendo esta reforma. Por ello, la legisladora le pidió al presidente López Obrador que la reciba para que ella le cuente de qué se trata realmente esta modificación.
