Los gastos catastróficos y empobrecedores por motivos de salud se incrementaron de forma dramática en México entre 2018 y 2020. El argumento que utilizó el gobierno federal para explicar este aumento fue que se debió a un repunte de la demanda de servicios privados de salud producto de la pandemia. Sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2022 indican que el gasto realizado por los hogares mexicanos en salud, ya concluida la pandemia, sigue siendo muy elevado, y lo mismo sucede con los gastos excesivos por motivos de salud, que hoy afectan a alrededor de cuatro millones de hogares mexicanos. Este nivel de desprotección financiera no se veía en México desde hace casi veinte años.
Los gastos catastróficos por motivos de salud se definen como aquellos gastos en salud que exceden el 30 % del ingreso disponible. Este ingreso, a su vez, se define como el ingreso total de un hogar menos el gasto en alimentación.1 Los gastos empobrecedores, por su parte, se definen como aquellos gastos en salud que, independientemente de su monto, empujan a un hogar por debajo de la línea de pobreza o la profundizan. Las altas cifras de estos dos tipos de gasto son una expresión del mal desempeño de un sistema de salud público, que, al no garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos a su población de responsabilidad, empuja a los pacientes a utilizar los servicios de salud y las farmacias privados, exponiéndolos a incurrir en gastos excesivos. Estos gastos pueden obligar a las familias de esos pacientes a utilizar sus ahorros, vender sus activos o endeudarse. Además de enfrentar un episodio de enfermedad, estos hogares encaran un choque financiero que puede tener enormes consecuencias para su bienestar.
Los datos de la ENIGH 2020 indican que el gasto trimestral promedio en salud de los hogares mexicanos se incrementó considerablemente en los dos primeros años de esta administración, al pasar de 839 pesos constantes en 2018 a 1178 pesos constantes en 2020, un incremento de 40.5 %. Como podía anticiparse, el aumento del gasto de bolsillo de los hogares disparó los gastos catastróficos y empobrecedores por motivos de salud. Los datos de un estudio en curso que se está realizando en el Instituto Nacional de Salud Pública indican que, a nivel nacional, el alza de los gastos catastróficos fue de 21.6 %, al pasar de 2.5 % de los hogares (851 000 hogares) en 2018 a 3 % (1.06 millones) en 2020.2 Los gastos empobrecedores en ese mismo periodo aumentaron 11.1 %, de 0.8 (273 000 hogares) a 0.9 % (312 000 hogares). El porcentaje de hogares con gastos catastróficos o empobrecedores —que en conjunto se denomina prevalencia de gastos excesivos— pasó de 3 % (1.05 millones hogares) en 2018 a 3.6 % (1.3 millones de hogares) en 2020, un incremento de 19.8 %, que era el nivel que había en México en 2006. Hasta aquí estamos hablando de prevalencias trimestrales. Si anualizamos la cifra del número hogares con gastos excesivos por motivos de salud nos encontramos con que pasó de 3.6 millones de hogares en 2018 a por lo menos 4.4 millones en 2020.3
Como mencionamos anteriormente, las autoridades de salud federales trataron de minimizar estos datos arguyendo que se debían sobre todo a los gastos generados por la pandemia. Sin embargo, las cifras de la ENIGH 2022 indican que los gastos excesivos por motivos de salud casi no disminuyeron en 2022, a pesar de que la pandemia llegó a su fin. La prevalencia de gastos excesivos ese año fue de 3.3 %, equivalente a 1.2 millones de hogares, apenas 60 000 hogares menos que en 2020. Anualizada, esta cifra podría ascender a 4.2 millones de hogares.
Este último dato no puede calificarse sino de desastroso: alrededor de cuatro millones de hogares tuvieron que movilizar cantidades extraordinarias de recursos para enfrentar los problemas de salud de alguno sus miembros y, al hacerlo, muchos de ellos perdieron sus ahorros y sus activos, y cayeron en la pobreza. Esta es una clara muestra de que el camino seguido por la actual administración federal de salud es el equivocado. Al no proveer a la población mexicana de servicios de salud y medicamentos oportunos, adecuados y suficientes, esta administración está promoviendo, en los hechos, la privatización de la atención a la salud en el país y llevando a la ruina económica a millones de hogares, en particular a los más vulnerables. De hecho, la prevalencia de gastos excesivos es mayor en los hogares sin seguridad social, los encabezados por mujeres y los que cuentan entre sus integrantes a menores de cinco años o adultos mayores.
El incremento de los gastos excesivos por motivos de salud que se produjo entre 2018 y 2022 es resultado, sobre todo, de la desaparición del Seguro Popular y su sustitución primero por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y después por el organismo Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar o IMSS-B). Esta sustitución implicó, entre otras cosas, el recorte de los beneficios en salud para la población sin seguridad social que ofrecía el Seguro Popular, ya que estas instituciones sólo garantizan el acceso a servicios de primer y segundo nivel; la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de ese mismo seguro, que financiaba el tratamiento de casi setenta padecimientos de alto costo para la población no asalariada, y el estancamiento del presupuesto de la Secretaría de Salud, que ya se había reducido en 35 000 millones de pesos constantes entre 2016 y 2018.
Todo esto dio lugar a una caída sin precedentes de la cobertura de atención a la salud. El informe 2020 sobre medición integral de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) indica que la “carencia por acceso a servicios de salud” aumentó 75 % en los primeros dos años del gobierno de López Obrador, al pasar de 16 % de la población total del país (20.1 millones de personas) en 2018 a 28 % (35.7 millones) en 2020. El deterioro se incrementó en los siguientes dos años hasta llegar a 39 % de la población (50.4 millones) en 2022. En apenas cuatro años, el número de mexicanos que se reconocían sin acceso a servicios de salud aumentó en ¡30 millones! Nunca en la historia de nuestro sistema de salud había habido un retroceso en la cobertura de atención a la salud de esta magnitud.
Pero el incremento en el gasto de bolsillo y el consecuente aumento en los gastos excesivos por motivos de salud se deben no sólo a la falta de acceso a servicios públicos, que obliga a los pacientes a recurrir a la medicina privada. También son producto de la falta de medicamentos e insumos en las instituciones públicas, resultado del desmantelamiento del sistema de compra consolidadada de medicamentos, que sigue sin repararse. Frente a los enormes problemas de desabasto, los pacientes se ven obligados a adquirir sus medicinas en farmacias privadas, desembolsando en ocasiones grandes cantidades de dinero. Este es el caso de muchos niños con leucemia cuyas familias deben comprar por su cuenta su quimioterapia. Estos incrementos se deben asimismo a retrasos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes por el deterioro de la oferta de los servicios del IMSS y del ISSSTE. Este es el caso de muchas mujeres con cáncer de mama que, teniendo seguridad social, buscan una atención más pronta en los servicios especializados del sector privado. El maltrato y los largos tiempos de espera en las clínicas del sector público también han inducido a decenas de miles de pacientes a utilizar los consultorios adyacentes a farmacias, que ya prestan alrededor de 10 millones de consultas al mes.
