La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de eliminar de un plumazo los 109 fideicomisos públicos en 2020, entre ellos, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dejó en la incertidumbre la operación de recursos.
El nuevo Programa de Fondo de Desastres Naturales (PFDN) no cuenta con reglas de operación claras y el dinero se esparce a través de las secretarías de estado, dando mayor margen del uso político de los recursos.
No solo eso, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 25 de octubre la diputada Teresa Castell, del PAN, levantó una pancarta con la leyenda “Morena mata sin Fonden”.
En el senado, la panista Lilly Téllez de plano dijo que han llegado escenas apocalípticas y “que aún falta lo peor, incluyendo la falta de responsabilidad de las autoridades”.
Téllez acusó de que la magnitud del desastre corresponde al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber “desaparecido” y “robado” el Fonden, cuyos recursos “se utilizaron para pagar el Tren Maya”.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvo que responder que, para el presente año, los recursos destinados al PFDN ascienden a 17 mil 157 millones de pesos, de los cuales se han realizado transferencias a diferentes dependencias y entidades federales 10.8 millones para la atención de emergencias; 133.2 millones para acciones inmediatas post-desastre; cinco mil millones destinados a programas de reconstrucción y 1.2 mil millones para renovar el Seguro Catastrófico 2023-2024.
De acuerdo con la dependencia, además el país cuenta con una cobertura adicional del Seguro para Catástrofes 2023-2024, que asciende a 5 mil millones de pesos, y también se ha asegurado un Bono Catastrófico 2020-2024 con valor de 485 millones.
Para 2024, el Programa del Fondo de Desastres Naturales tiene presupuestado 18 mil millones de pesos. En lo que va del sexenio los recursos destinados a la atención de los daños causados por desastres naturales han sido los siguientes:
En 2019, cuando el Fonden se administraba como fideicomiso, contaba con cinco mil 945 millones de pesos; en 2020 el fondo ascendió a 28 mil 257 millones; ya en 2021, después de ser extinguido como fideicomiso y convertido a programa, se le destinaron ocho mil 727 millones; mientras que en 2022 nueve mil 54 millones.
El Fonden se convirtió en el PFDN a partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020. Desde 2021, según Hacienda, el fideicomiso ha cesado de tomar nuevos compromisos y se está enfocando exclusivamente en finalizar sus operaciones.
Los fondos que quedaban en él sumaron 25 mil millones de pesos los cuales fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
A diferencia del PFDN, el Fonden administraba los recursos remanentes del Fonden en un año fiscal determinado. Éstos podían usarse para mitigar los efectos de desastres naturales en el año fiscal inmediato anterior y transferir recursos a los estados afectados, entre otros fines.
Un reporte de la organización civil México Evalúa advirtió que el verdadero propósito detrás de la desaparición del Fonden es darle más “cuerda” a la Secretaría del Bienestar para capitalizar políticamente los recursos y centralizar más el gasto en el Ejecutivo federal.
“Todo a costa de debilitar la reconstrucción de infraestructura en los estados y municipios, permitiendo la pérdida de patrimonio de las poblaciones afectadas y aumentar su vulnerabilidad ante contingencias futuras”, señaló la organización en su documento Nuevo Fonden, una herramienta más para afianzar el clientelismo de la 4T, publicado en noviembre de 2021.
El think thank argumentó que, de enero a septiembre de aquel 2021, se gastaron cinco mil millones de pesos para la atención de desastres naturales, pero sólo 1.2 mil millones (24%) se destinaron a la reconstrucción de infraestructura de los estados, mientras que los 3.8 mil millones restantes (76%) han ido a manos del Ejecutivo federal.
Antes de la desaparición del Fonden la proporción era inversa: de 2013 a 2020, el 78% de los recursos de fondo se destinó a la reconstrucción en los estados, y el 22% restante a la atención inmediata de los desastres y al pago de bonos y seguros catastróficos.
“Esto se debe en buena medida a la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han comenzado a ejercer este presupuesto para transferencias directa”, explicó. En el mismo tono, la agencia calificadora Moody’s Investors Service alertó en octubre de 2020 que, si bien cada gobierno local suele estar dispuesto a financiar la reconstrucción de infraestructura, la incertidumbre en torno al fondeo del gobierno federal para desastres naturales afecta a los sectores de energía e infraestructura en caso de desastres nacionales recurrentes.
En cuanto a sectores, se prevé la principal afectación sobre todo en el turismo, la incertidumbre en torno al apoyo del gobierno frente a un desastre natural y la falta de mecanismos claros “podría retrasar o impedir la recuperación total de la infraestructura afectada”.
Mientras México Evalúa argumentó que la falta de reglas de operación para este programa y la mayor concentración del gasto en dependencias federales son el coctel perfecto para que desde el Ejecutivo se erogue de forma discrecional y clientelar los recursos contra desastres naturales.
Claramente las poblaciones gobernadas por partidos de oposición quedan en franca desventaja, pues sin reglas de operación, el criterio de reparto es el famoso “como veo, doy”. Además, concluyó, es preocupante la estrategia de concentración de recursos en la federación a costa de las entidades, sobre todo cuando implica un menor gasto en reconstrucción.
En ese sentido, el 26 de octubre la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) Daniela Balbino publicó un artículo en el que señaló que, a partir de 2021, el presupuesto para el PFDN, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP y no es posible que se éstos se usen de forma plurianual.
Además, en 2021 y 2022, aún con un presupuesto promedio de 10 mil 161 millones de pesos y 645 declaratorias de desastres y emergencias, ese dinero no se utilizó. La especialista recordó que López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados el pasado 3 de octubre para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que propone, entre otras cosas, regular los donativos y requiere que los estados y municipios asignen fondos anuales para emergencias y desastres en sus regiones, además de indicar la responsabilidad que tienen en la contratación de seguros para la cobertura de daños por desastres naturales. El pasado 26 de octubre el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton Falcón, tuvo una reunión con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en la que mencionó que los recursos aprobados el año anterior ascienden a más de 17 mil millones de pesos, los cuales son reforzados con una parte de los reintegros del séptimo transitorio.
“De tal forma que se fortalece este fondo para atender la emergencia y la reconstrucción. Se cuenta con presupuesto, pero realmente a la hora de atender una emergencia no hay límites; vamos a buscar de todas las maneras posible apoyar a Guerrero”, aseguró.
El subsecretario abundó que los recursos del Programa Presupuestario del Fonden no han tenido ninguna reducción, sino ese dinero se manda a los ramos ejecutores para que los apliquen a través de sus programas.
“No habido en absoluto ninguna reducción. Es más, ha habido una ampliación porque se cuenta con recursos del séptimo transitorio por 3 mil 633.6 millones de pesos, los cuales permiten reforzar los recursos disponibles para cualquier emergencia”.
Según De Botton, se tienen ejercidos al tercer trimestre del año seis mil 511.3 millones de pesos en el caso del Fonden; “entonces todavía tenemos un monto restante suficiente. Además de estos fondos vamos a tener lo que se necesite y lo que se requiera por parte de la población. No hay un límite establecido para responder ante una emergencia”.
