El gobierno federal y la fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa apuntan a tres posibles “causales” de la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, conocida como la Noche de Iguala.
Ayer, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador difundió la “Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”, donde se presentan las tres “causales”: se les confundió con otro grupo delictivo; una revancha por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca; o la posibilidad que en alguno de los autobuses tomados por los jóvenes hubiese droga, armas o dinero relacionado con el trasiego de drogas.
El documento refiere: “De acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco”.
Asimismo, revela que existían vínculos entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos efectivos del Ejército y la Policía Federal, con el grupo delictivo señalado como el perpetrador de los crímenes. Militares y federales “recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.
El reporte, dado a conocer por instrucción del propio mandatario federal, abunda en esas posibles causas de la desaparición. “Confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala.
“La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
“El trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados”. Agrega que al momento de la desaparición de los estudiantes, Guerreros Unidos “mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red que involucraba a autoridades de los tres órdenes de gobierno fue, sin duda, un factor que ‘facilitó’ y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas”.
Con base en diversas fuentes, el informe apunta a la relación “entre algunos elementos de la Policía Federal y del Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos”.
Agrega: “Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala —que fue promovido a general en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto—; el capitán José Martínez Crespo; y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón.
“Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.
Otros funcionarios vinculados con ese grupo criminal son; el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Salomón y Alberto Pineda Villa, quienes eran gente del cártel de los Beltrán Leyva; el presidente municipal del Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; los jefes de las policías municipales de Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco e Iguala, quienes a la par eran integrantes de Guerreros Unidos.
“Un indicador del alto nivel de corrupción al interior de las policías municipales es el caso de ‘Los Bélicos’, grupo élite de la policía de Iguala. Éste estaba conformado por aproximadamente 40 elementos, comandados por Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía municipal de Iguala. También había penetración del crimen organizado en las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco”.
El reporte señala que actualmente están detenidas 132 personas relacionadas con los hechos en diversos penales: 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala); tres funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Así como el ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el ex presidente Municipal de Iguala y su esposa —quien era presidenta del DIF de ese municipio—, y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
