La Fiscalía General de la República acusó que los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio Lozoya y actuar en contra del Estado mexicano y Pemex, esto luego de que un Tribunal Colegiado desechara pruebas bancarías presentadas por la autoridad.
En un comunicado, la Fiscalía General acusa al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos tratados internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales.
Advierte que, hace unos cuantos días y de forma ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de los mismos Jueces de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio Lozoya, que en artículos expresos de la legislación, le niegan. “Cada vez es más evidente la conducta indebida”, señala el comunicado al referirse al Poder Judicial.
En este sentido, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal da otro revés a la Fiscalía General de la República, al confirmar el desechamiento de las pruebas bancarias que consideró clave para demostrar los presuntos sobornos por 10.5 millones de dólares que Emilio Lozoya Austin recibió de la constructora brasileña Odebrecht.
Sobre el recurso de apelación que la FGR presentó contra la exclusión de comprobantes financieros de bancos suizos y de transferencias de recursos a empresas offshore, que ofreció como prueba de los sobornos, los magistrados del Tribunal Colegiado resolvieron modificar la decisión del juez de control, Gerardo Alarcón López, únicamente para admitir el medio de prueba relacionado con el procedimiento judicial iniciado en Nueva York contra Odebrecht, quedando fuera las pruebas bancarias.
