La pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass en Texas declara un estado de emergencia mientras decenas de miles de migrantes cruzan la frontera. El gobierno del presidente Joe Biden otorga protección a casi medio millón de venezolanos en Estados Unidos, dándoles la posibilidad de trabajar. Esto ocurre después de que algunos alcaldes y gobernadores demócratas advirtieran que la creciente cantidad de migrantes bajo su cuidado está trastornando sus presupuestos.
Los diversos escenarios que se desarrollan en todo el país dan una imagen de un sistema de migración que se encuentra al límite y cuyo impacto va mucho más allá de la frontera con México. El miércoles por la noche, el gobierno de Biden anunció medidas destinadas a mitigar los problemas.
Parte del problema es que mucha más gente viene a Estados Unidos. El número se redujo al comenzar el verano luego de que llegó a su fin una norma migratoria aplicada para ayudar a controlar la pandemia de covid-19 y entraron en vigor medidas más estrictas. Pero ahora las cifras están incrementándose de nuevo.
El miércoles, Eagle Pass anunció un estado de emergencia después de que en dos días casi seis mil migrantes cruzaron el río Bravo desde México en dirección a la ciudad de unos 28 mil habitantes.
En el año fiscal 2022, la Patrulla Fronteriza se topó con 2.2 millones de personas que cruzaron la frontera ilegalmente. La cifra ha disminuido en el año fiscal que finaliza este mes —aproximadamente 1.6 millones hasta ahora—, pero todavía es alta.
Es necesario retroceder décadas para encontrar cifras comparables. De 1990 a 2006, los encuentros de migrantes con la Patrulla Fronteriza casi siempre superaron 1 millón al año, con un máximo de 1.6 millones en 2000. Después las cifras comenzaron a disminuir. De 2010 a 2020, la agencia registró menos de medio millón de encuentros anuales, excepto en 2019, cuando aumentaron a 859 mil 501.
Desde luego que las estadísticas no siempre representan una medición perfecta. Las cifras de las décadas de 1990 y 2000 se consideran sumamente subestimadas porque a menudo los migrantes evadían a las autoridades cuando ingresaban a Estados Unidos. En la actualidad, con frecuencia los migrantes se entregan para poder solicitar asilo.
En los últimos años, las medidas utilizadas para contener el covid-19 sesgaron el recuento. En gran medida, el gobierno se apoyó en una herramienta de salud pública llamada Título 42 para expulsar rápidamente del país a los migrantes. Pero no había ninguna sanción, por lo que según los expertos los migrantes regresaron una y otra vez, lo cual elevó las estadísticas.
El gobierno de Biden anunció el miércoles por la noche que otorgaría Estatus de Protección Temporal a aproximadamente 472 mil venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio. Eso les facilita trabajar en Estados Unidos. Los venezolanos constituyen una proporción tan grande de los migrantes que arriban a territorio estadounidense que modificar su estatus tiene un efecto enorme. En la ciudad de Nueva York, alrededor del 40% de los aproximadamente 60 mil solicitantes de asilo —cuyo alojamiento es financiado por la ciudad— son de Venezuela.
El gobierno también se comprometió a acelerar el tiempo requerido para procesar las autorizaciones de los migrantes que ya son elegibles para trabajar, una exigencia crucial de gobernadores y alcaldes demócratas.
En términos generales, el gobierno ha recurrido a un enfoque de premio y castigo durante el último año para atender el tema de la inmigración. Eso implicó hacer cosas como otorgar un permiso humanitario a personas de ciertos países, siempre y cuando tuvieran un patrocinador financiero y arribaran al país por vía aérea. Y luego apoyarse fuertemente en hacer valer las consecuencias para quienes no sigan las reglas. Por ejemplo, ha incrementado las deportaciones y expulsiones.
Julia Gelatt, del Instituto de Política Migratoria —un organismo apartidista de investigación que procura mejorar las políticas migratorias—, dijo que hay diferencias clave entre lo que sucede ahora y durante las oleadas de migrantes del pasado.
A finales de la década de 1990 y en los primeros años de la de 2000, había más adultos solteros que venían a Estados Unidos. Ahora cada vez llegan más familias con niños, y tienen necesidades distintas. Si bien un adulto que viaja solo podría no tener inconveniente en dormir en el sofá de un amigo, a menudo las familias esperan más para sus hijos, y es más probable que requieran servicios gubernamentales para protegerlos. Y los niños necesitan ir a la escuela.
Además, las comunicaciones han avanzado. Hoy en día los migrantes pueden compartir información fácilmente en las redes sociales sobre los mejores lugares a los cuales ir y los servicios disponibles.
Gelatt hizo notar que muchos de los migrantes que cruzan la frontera no se esconden del gobierno. A algunos se les ha concedido el permiso humanitario o tienen una notificación para comparecer ante un tribunal de inmigración. Podrían sentirse en mejores condiciones para solicitar apoyo.
La ciudad de Nueva York y el estado de Massachusetts tienen normas sobre el derecho al alojamiento, lo que significa que deben proporcionarla a las personas que lo necesitan, con ciertas restricciones. Además de los aproximadamente 60 mil migrantes a los que Nueva York les está dando albergue, Massachusetts también paga para alojar a unos 11 mil recién llegados.
Murad Awawdeh, quien dirige la New York Immigration Coalition —una organización que aboga por los derechos de los migrantes— dijo que los que antiguamente llegaban a la ciudad no utilizaban en realidad el sistema de refugios administrado por el gobierno municipal, pues tenían amigos o familiares que los ayudaban a encontrar dónde quedarse. Pero eso está cambiando.
Hace décadas, los migrantes que llegaban a Estados Unidos eran casi todos mexicanos. Expertos y funcionarios señalan que hoy en día los migrantes arriban desde una amplia gama de naciones de Sudamérica, Centroamérica y África, así como de China e India. Sus distintos países de origen complican las deportaciones, porque hay que transportarlos en avión. En algunos casos, los migrantes no pueden ser deportados porque Washington no tiene un acuerdo con sus países de origen, en particular con Venezuela.
